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Desde los paneles se abordaron en el Congreso incluyeron actuales y futuros desafíos en relación a temáticas como Género y Diversidad; Salud, Ambiente y Agua; Derecho a la Ciudad y a la Vivienda; Transparencia y Participación; Personas en situación de vulnerabilidad; Institucionalidad de las Defensorías locales; Educación y promoción de derechos, entre otros.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu reflexiona acerca de la no presencialidad, la brecha digital y la inteligencia artificial como condicionantes de la igualdad y universalidad en el ejercicio de los derechos, ya que es un factor de exclusión que afecta a todas las personas e impacta en mayor medida en la población más vulnerable.
La Defensora del Pueblo de Palma de Mallorca, Anna Moilanen, en relación a la Trata de personas ha insistido en la necesidad de reconocer esta realidad como primer paso para, a continuación, actuar desde todos los ámbitos de incidencia de la administración, especialmente desde un ámbito independiente, como las defensorías. Desde el trabajo en red de los ombudsperson locales se pueden impulsar políticas protectoras de personas prostituidas, siempre desde un enfoque de derechos humanos. Por ello Moilanen aboga por que los defensores puedan «usar su posición de privilegio, por su capacidad de incidencia en las administraciones, en pro de esta causa».
Yorladys Morón Garzón, Personería Municipal de La Victoria, Colombia realizó un análisis enriquecedor sobre los factores que influencian las prácticas en el cuidado del agua y el ambiente en el entorno rural, y reflexionó acerca del despertar de la conciencia ambiental sobre el cuidado y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, el fortalecimiento de las fuentes de ingreso alternativas, para que la explotación de los recursos naturales no sea el único medio de vida para las familias.
En este sentido, Bernardo Voloj Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco y Federico Núñez Burgos Dopazo, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Argentina, instaron a las instituciones a que reconozcan al acceso al agua como un Derecho Humano y Fundamental y, en función de esta comprensión, los principales decisores públicos orienten sus definiciones en políticas públicas e inversiones priorizando el agua como indispensable para la salud, la vida, y condicionante del efectivo goce de los Derechos Humanos.
Todas las intervenciones apuntaron a que las problemáticas que las defensorías del pueblo locales deben abordar en el marco de los ODS requieren de mucho esfuerzo, y una agenda común de prácticas sostenibles , que tenga en cuenta las particularidades y desafíos que cada territorio propone.