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‘El derecho a ser empadronado y la buena administración’ (edición en castellano)
JULI PONCE SOLÉ, CATEDRÁTICO DE DERECHO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
AMAYA ORIO, LICENCIADA EN DERECHO Y AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
En 2019, el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya elaboró un primer informe sobre el derecho a ser empadronado y la buena administración dado que la disparidad de criterios y la mala gestión del padrón se convirtió en un tema recurrente en nuestros municipios y motivo frecuente de queja por parte de la ciudadanía. Aquel primer informe, realizado por Juli Ponce y Amaya Orio, nos sirvió para entender que el empadronamiento es un registro administrativo de obligado cumplimiento, tanto por parte de nuestros ayuntamientos como por parte de la ciudadanía. También, que se trata de una fotografía de la realidad municipal, pero, al mismo tiempo, es la puerta de entrada a toda una serie de derechos de ciudadanía como la asistencia médica, la escolarización pública, la petición de ayudas públicas, etcétera. Y que la utilización de este trámite administrativo para otros fines distintos a los previstos en la ley puede dar pie a delitos penales y, en todo caso, a la vulneración del derecho a una buena administración.
Años más tarde, con mayor conocimiento de la realidad del padrón, y con cambios normativos en medio, constatamos que muchos de nuestros ayuntamientos todavía no empadronan correctamente, que la gestión sigue siendo incoherente entre un municipio y otro; y que, incluso, en algún caso, se pretende utilizar políticamente el padrón para evitar —supuestamente— fenómenos como la ocupación o un teórico efecto llamada de personas recién llegadas.
En este contexto, hemos creído oportuno volver a contar con los autores del anterior monográfico para realizar una revisión y ampliación de este documento, dado que, durante este tiempo, ha habido muchos cambios normativos que pueden afectar a la gestión del padrón, y dado que algunos de los supuestos que nos encontramos en nuestra práctica cotidiana al frente de las sindicaturas y defensorías municipales no acababan de quedar resueltos en el anterior trabajo. Esperamos que, con esta actualización, tengamos más herramientas para poder pedir a nuestros ayuntamientos una mejor aplicación de la ley del padrón y así garantizar, de forma más efectiva, todos los derechos a los que puede optar la ciudadanía por estar empadronada.
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